Ofensiva para «resignificar» el Valle de los Caídos y expulsar a los monjes benedictinos
Un nuevo Gobierno de coalición retomaría los objetivos pendientes de la ley de Memoria». El prior Cantera:«Haría falta la aprobación escrita y firmada desde la Santa Sede».
La convocatoria electoral y el paso de la coalición Frankenstein a un formato de Gobierno en funciones dejó en el aire la mayoría de los objetivos en Memoria Histórica de Pedro Sánchez y sus socios. Solo siguieron adelante las exhumaciones iniciadas el 12 de junio en Cuelgamuros, ahora bajo mínimos tras una sentencia judicial que anuló la concesión de la licencia de obras del Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial. Pero el resto de metas podrían ser reactivadas de manera inmediata si –como parece– culmina la reedición del Ejecutivo del hoy presidente en funciones.
Sánchez, que apura el camino a su reelección, ya dejó clara la estrategia a seguir en el documento de 230 medidas presentado tras la negociación con Yolanda Díaz, líder de Sumar. El texto recoge el compromiso para desarrollar la Ley de Memoria Democrática, impulsar las exhumaciones pendientes y culminar la «resignificación» del Valle de los Caídos por medio de un concurso de ideas, así como de avanzar «en el reconocimiento del exilio republicano y de los lugares de memoria». Respecto al rebautizado Valle de Cuelgamuros con la ley de octubre de 2022, el plan sigue siendo que sea «un lugar de memoria democrática cuya resignificación irá destinada a dar a conocer, a través de planes y mecanismos de investigación y difusión, las circunstancias de su construcción, el periodo histórico en el que se inserta y su significado, con el fin de fortalecer los valores constitucionales y democráticos». La norma establece que en ningún lugar del recinto podrán llevarse a cabo actos de naturaleza política ni de exaltación de la Guerra Civil, de sus protagonistas o de la Dictadura; que las criptas adyacentes a la basílica y los enterramientos allí existentes tienen el carácter de cementerio civil –motivo por el que los Primo de Rivera optaron por exhumar a José Antonio–, y que solo podrán yacer los restos mortales de fallecidos por la contienda, como lugar de reconocimiento, conmemoración, recuerdo y homenaje a las víctimas allí inhumadas.
Asimismo, se declara extinguida la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, «por resultar incompatibles sus fines con los principios y valores constitucionales». Aún está pendiente la aprobación de un real decreto por el que se establecerá el nuevo marco jurídico aplicable al Valle que determine la organización, funcionamiento y régimen patrimonial, aunque «hay fundadas sospechas de que lo harán oficial en cuestión de días una vez haya gobierno», apuntan fuentes conocedoras del asunto.
Mientras, Santiago Cantera, prior de la comunidad benedictina amenazada de expulsión, se atiene al convenio «a dos partes» que les mantiene en Cuelgamuros y que el Estado «no puede romper unilateralmente», según declaró a la revista «Mundo Nuevo». Un convenio, recuerda el religioso, firmado entre la Fundación de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y la abadía de Silos, a la cual subroga la personalidad jurídica la abadía benedictina desde el momento que nace. Pero también entra en juego el Vaticano, pues al ser la abadía de derecho pontificio –nace en 1958 por un decreto del Papa Pío XII–, «haría falta la aprobación escrita y firmada desde la Santa Sede».
Entre las asignaturas pendientes está la creación de una comisión que estudie vulneraciones de derechos humanos entre 1978 y finales de 1983, así como la realización de una auditoría y de un inventario por parte del Estado de los «bienes expoliados» en la Guerra Civil y la dictadura; la presentación en las Cortes de un proyecto de ley para modificar la Ley sobre Secretos Oficiales, con el objetivo de garantizar el derecho de acceso a los archivos del Estado sobre la contienda y la dictadura; y el impulso de modificación de la Ley Orgánica reguladora del Derecho de Asociación, para incluir como causa de disolución la apología del franquismo. Y sigue pendiente la ilegalización de la Fundación Franco –que Podemos ha pedido acelerar–, aunque en este caso harán falta actuaciones «de carácter normativo o bien de intervención judicial», apunta a Ep la Secretaría de Memoria Democrática, mientras la propia Fundación aguarda el envite: «Si sale investido Sánchez, empezará el baile», en palabras de su presidente ejecutivo, el general Juan Chicharro.
