El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F
Desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa
Fernando Tejero, en el Congreso de los Diputados. / EFE
El Gobierno no esperará a que se apruebe la ley de información clasificada para sacar a la luz los documentos secretos del 23-F. Se lo pidió el escritor Javier Cercas a Pedro Sánchez durante un reciente coloquio en el Congreso, sumándose a una demanda histórica de partidos como el PNV, y el Gobierno dará el paso este martes. Los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F serán desclasificados.
La decisión se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes y se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el BOE, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado. Así desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).
El presidente Pedro Sánchez confirmó la noticia en un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que "la memoria no puede estar bajo llave". Por ello, continua el mensaje, "mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Los nacionalistas vascos han reaccionado de forma inmediata para demandar que se vaya más allá. "Hay que seguir y desclasificar también los documentos sobre el caso Zabalza o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz. Y a partir de ahí, todos los demás. Hagamos memoria de verdad. Con todo", reclamaba su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero.
Desde el Ejecutivo señalan que la ministra portavoz, Elma Saiz, será la que ofrezca mañana toda la información al respecto de esta decisión en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo. Una iniciativa tomada porque, según Sánchez, "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre". "Gracias a quienes abristeis camino", concluye el mensaje en redes del presidente.
En el 45 aniversario de la asonada golpista, aún había una parte significativa de la documentación oficial sobre los hechos todavía clasificada, algo que se amparaba en la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional aprobada durante el franquismo.
Y a falta de una nueva ley de secretos oficiales, tantas veces prometida al PNV, el Ejecutivo pone al servicio de la ciudadanía los documentos relativos al fallido golpe de estado cuando se cumplen los 45 años del asalto al Congreso.
Ley de información clasificada
El proyecto que está en tramitación parlamentaria pretende dejar en manos del Gobierno la decisión de prorrogar o no el plazo de 45 años que establece para la desclasificación automática de los documentos considerados de “alto secreto”, los de máxima protección. Si se alegan motivos de defensa o seguridad nacional, se podrá extender su clasificación durante quince años más. Una decisión que recaerá en el Consejo de Ministros.
Las diferentes categorías de secretos oficiales, que se homologan a los establecidos por los países de la UE y la OTAN (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), serán determinadas por diferentes órganos. En el caso del alto secreto y el secreto solo podrá determinarlas el Consejo de Ministros. La norma establece así quién o quienes tendrán la competencia para clasificar y desclasificar la información, siendo exclusiva del Gobierno a propuesta del jefe del Ejecutivo o de los ministros, las de mayor protección. Solo excepcionalmente, por ley, se podrá establecer algún documento como de alto secreto.
Para el “alto secreto” se estipula la desclasificación automática transcurridos 45 años, que solo se podrán prorrogar una vez y de forma motivada por 15 años más. La información clasificada como “secreto” se desclasificará pasados 35 años y solo será prorrogable diez años más, también de forma excepcional y motivada. En la categoría de “confidencial” se establece un plazo de desclasificación automática de entre siete y nueve años no prorrogables. Y, por último, la información clasificada como “restringido” se desclasificará en un plazo de cuatro y cinco años, que tampoco se podrán prorrogar.
La denominada ley de Información Clasificada busca “dotar al ordenamiento jurídico español de un régimen actualizado y acorde a los estándares internacionales en la materia”. En su parte expositiva justifica, según se recogió en el anteproyecto, que el “acceso a la información pública y buen gobierno, exigen acometer una actualización del régimen jurídico de la información clasificada”. Su finalidad, según se añade, “es adecuar el ordenamiento jurídico español a las necesidades actuales y adaptarlo a los estándares internacionales en materia de información clasificada, dentro del marco previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, según el cual la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ‘salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas’”.
