sábado, 28 de febrero de 2026

Cobarde decición de la Audiencia Nacional, por la Bandera Comandante Franco



Los legionarios pierden la Bandera Comandante Franco

La Audiencia Nacional no da legitimidad a los veteranos del Tercio en el recurso donde se oponían al cambio de nombre de la unidad

Un joven Francisco Franco, en sus tiempos al servicio de la Legión en una imagen de 1920
Un joven Francisco Franco, en sus tiempos al servicio de la Legión en una imagen de 1920Afp

El cambio de denominación de la Bandera Comandante Franco del Tercio Gran Capitán 1º de la Legión de la Comandancia General de Melilla por la Bandera Comandante España levantó –en enero de 2023– no poca polvareda en ámbitos del propio Tercio, un rechazo que alcanzó además a la Fundación Nacional Francisco Franco (FNFF) por razones obvias.

En ambos casos se ha llegado hasta la Audiencia Nacional. La FNFF perdió su recurso ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo. Pero si la Fundación Franco instaba a mantener la designación original por entender que el Ministerio de Defensa había actuado de forma sectaria por «exclusivas razones ideológicas», los veteranos legionarios sumaban otros argumentos. El fundamental, aparte el hecho de que el nombre de la unidad proviene de que Franco fue su primer jefe, de 1920 a 1922, «se puso en 1992, en plena democracia (como reconoce Defensa en la desestimación del recurso de reposición) bajo un Gobierno del PSOE, el partido que gobierna en España», por lo que «es perfectamente compatible con la Constitución de 1978 y con la Ley de Memoria Democrática».

Condecoraciones de Francia

Asimismo que «el Comandante Franco sigue manteniendo las máximas condecoraciones de la República de Francia, La Legión de Honor francesa, en sus categorías de Oficial y de Comandante, y además lo hace por resolución judicial, ante una demanda que fue interpuesta por el hijo de un represaliado».

Pero, sobre todo, incidía el escrito de demanda, en «su ilegal cambio por no ser un supuesto típico contemplado en el artículo 35 de la Ley de Memoria y/o por haberse prescindido total y absolutamente del procedimiento legalmente establecido».

Ahora, otro fallo de la Audiencia Nacional, al que ha tenido acceso LA RAZÓN, ha desestimado igualmente los planteamientos de la Plataforma Patriótica Millán Astray.

En el escrito del que es ponente Eduardo Hinojosa, el abogado del Estado insiste en objetar la falta de legitimación activa de la entidad recurrente, porque «en ningún momento se indica el perjuicio o beneficio que aquella obtendría de la anulación de la resolución recurrida, presupuesto necesario para ello de acuerdo con la tesis sostenida por el Tribunal Constitucional», y también por el Supremo.

No le basta al magistrado que la Plataforma apele al contenido de sus estatutos: perseguir la defensa de la «... Verdad Histórica y la Memoria Histórica de la Legión Española, obra y legado del Fundador de la Legión, General Don José Millán Astray, en donde tiene un sito estelar la figura del Comandante Franco, como no podía ser de otra manera, por ser el Cofundador de La Legión y su Lugarteniente en la Creación de la Legión (...) y por haber participado ambos en la Salvación de Melilla en el año 1921 y en todos los eventos militares que afectaron a La Legión en el período 1920-1922 (durante el que el Comandante Franco fue el Jefe de la I Bandera de La Legión)...».

Respecto a la ausencia de los cauces legales establecidos que denunciaba la entidad legionaria por parte de Defensa, el fallo considera que no ha lugar, porque «ninguna transcendencia podría tener sobre la legalidad de la resolución impugnada si, como se ha visto, la actora carece de legitimación para intervenir en el procedimiento administrativo».

En cuanto al ámbito temporal en que se enmarca el Franco legionario, el fallo apunta que «no podemos pasar por alto que la persona que lideró el alzamiento en 1936 y el posterior régimen político supone un símbolo de esas fases de la historia de España en la totalidad de su persona y personalidad, de tal suerte que no cabe excluir sus vicisitudes militares previas al 18 de julio de 1936 pues también esas vivencias y méritos militares previos le colocaron en la situación y la experiencia necesaria que le permitieron a la postre su liderazgo en el conflicto civil...» que vino a continuación.

Y en cuanto al «mantenimiento por organismos o instituciones de la República francesa de unas u otras condecoraciones otorgadas en su momento en favor de Francisco Franco» es una «circunstancia que, como es evidente, no puede incidir sobre la aplicación en España de su derecho público, como ahora se trata».

Un fallo «poco valiente» y «político»

La Plataforma Millán Astray considera que se trata de una sentencia «notoriamente injusta» porque les «niega legitimidad para impugnar una cuestión relacionada con el nombre de una unidad de la Legión». Fuentes de la entidad lamentan que «se pide a los legionarios dar su vida por España, pero es bueno tomar nota de que el Estado desprecia lo que opinan cuando están retirados». «Esta justicia es poco valiente a la hora de aplicar el Estado de Derecho no en lo que respecta a la figura del Franco político sino en el militar, lo que hace es seguir la estela del poder político, no es una justicia independiente», deplora la Plataforma, para quien su demanda contenía «argumentos de peso» que han sido pasados por alto.

lunes, 23 de febrero de 2026

45 años del golpe de Estado del 23 F.

 

El Gobierno desclasificará este martes los documentos del 23-F

Desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa

Fernando Tejero, en el Congreso de los Diputados.

Fernando Tejero, en el Congreso de los Diputados. / EFE

Madrid

El Gobierno no esperará a que se apruebe la ley de información clasificada para sacar a la luz los documentos secretos del 23-F. Se lo pidió el escritor Javier Cercas a Pedro Sánchez durante un reciente coloquio en el Congreso, sumándose a una demanda histórica de partidos como el PNV, y el Gobierno dará el paso este martes. Los documentos relacionados con el golpe de Estado del 23-F serán desclasificados.

La decisión se aprobará en el Consejo de Ministros de este martes y se hará efectiva el miércoles 25 con su publicación en el BOE, coincidiendo con el 45 aniversario del intento de golpe de Estado. Así desde ese miércoles, los documentos estarán a disposición de todas las personas interesadas en la página web oficial de Moncloa (https://www.lamoncloa.gob.es/).

El presidente Pedro Sánchez confirmó la noticia en un mensaje en sus redes sociales, en el que señaló que "la memoria no puede estar bajo llave". Por ello, continua el mensaje, "mañana desclasificaremos los documentos del 23-F para saldar una deuda histórica con la ciudadanía". Los nacionalistas vascos han reaccionado de forma inmediata para demandar que se vaya más allá. "Hay que seguir y desclasificar también los documentos sobre el caso Zabalza o los sucesos del 3 de marzo en Gasteiz. Y a partir de ahí, todos los demás. Hagamos memoria de verdad. Con todo", reclamaba su portavoz en el Congreso, Maribel Vaquero.

Desde el Ejecutivo señalan que la ministra portavoz, Elma Saiz, será la que ofrezca mañana toda la información al respecto de esta decisión en la rueda de prensa habitual posterior a la reunión del Ejecutivo. Una iniciativa tomada porque, según Sánchez, "las democracias deben conocer su pasado para construir un futuro más libre". "Gracias a quienes abristeis camino", concluye el mensaje en redes del presidente. 

En el 45 aniversario de la asonada golpista, aún había una parte significativa de la documentación oficial sobre los hechos todavía clasificada, algo que se amparaba en la Ley 9/1968 de Secretos Oficiales, una norma preconstitucional aprobada durante el franquismo.

Y a falta de una nueva ley de secretos oficiales, tantas veces prometida al PNV, el Ejecutivo pone al servicio de la ciudadanía los documentos relativos al fallido golpe de estado cuando se cumplen los 45 años del asalto al Congreso.

Ley de información clasificada

El proyecto que está en tramitación parlamentaria pretende dejar en manos del Gobierno la decisión de prorrogar o no el plazo de 45 años que establece para la desclasificación automática de los documentos considerados de “alto secreto”, los de máxima protección. Si se alegan motivos de defensa o seguridad nacional, se podrá extender su clasificación durante quince años más. Una decisión que recaerá en el Consejo de Ministros.

Las diferentes categorías de secretos oficiales, que se homologan a los establecidos por los países de la UE y la OTAN (alto secreto, secreto, confidencial y restringido), serán determinadas por diferentes órganos. En el caso del alto secreto y el secreto solo podrá determinarlas el Consejo de Ministros. La norma establece así quién o quienes tendrán la competencia para clasificar y desclasificar la información, siendo exclusiva del Gobierno a propuesta del jefe del Ejecutivo o de los ministros, las de mayor protección. Solo excepcionalmente, por ley, se podrá establecer algún documento como de alto secreto.

Para el “alto secreto” se estipula la desclasificación automática transcurridos 45 años, que solo se podrán prorrogar una vez y de forma motivada por 15 años más. La información clasificada como “secreto” se desclasificará pasados 35 años y solo será prorrogable diez años más, también de forma excepcional y motivada. En la categoría de “confidencial” se establece un plazo de desclasificación automática de entre siete y nueve años no prorrogables. Y, por último, la información clasificada como “restringido” se desclasificará en un plazo de cuatro y cinco años, que tampoco se podrán prorrogar.

La denominada ley de Información Clasificada busca “dotar al ordenamiento jurídico español de un régimen actualizado y acorde a los estándares internacionales en la materia”. En su parte expositiva justifica, según se recogió en el anteproyecto, que el “acceso a la información pública y buen gobierno, exigen acometer una actualización del régimen jurídico de la información clasificada”. Su finalidad, según se añade, “es adecuar el ordenamiento jurídico español a las necesidades actuales y adaptarlo a los estándares internacionales en materia de información clasificada, dentro del marco previsto en el artículo 105.b) de la Constitución Española, según el cual la ley regulará el acceso de los ciudadanos a los archivos y registros administrativos, ‘salvo en lo que afecte a la seguridad y defensa del Estado, la averiguación de los delitos y la intimidad de las personas’”.

sábado, 14 de febrero de 2026

Foto antigua del patio del cuartel de Almodóvar (Ciudad Real) 12-10-1950). Ramón Fernández tenía tres años

 

     Ramón Fernández con 3 años en el patio del cuartel de la Guardia Civil de Almódovar (Ciudad Real) un día de 12-10-1950) de la Patrona  de la Virgen del Pilar. Soy el niño del centro con peto negro y pelo en flequeillo.

Mis padres están detrás:  Encima de mi padre hay un hombre con escoba, y mi madre con blusa grande blanca, era años muy felices. En la esquina izquierda está está mi tío Adriano López (sonriendo), era de Torrox pero estaba de encargado en una minas de Puertollano, y había venido a visitarnos.

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Cuando nosotros vivimos en Almodóvar del Campo  sobre 1950 la población era de más de 14.000 habitantes. Tenía la Guardia Civil, una compañía de Caballería, Su término municipal es uno de los mas grandes de extensión con mas de 1.200 km cuadrados, en el Valle del Alcudia.