¿Qué fue del oro expoliado por el PNV en la Guerra Civil?
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática, que carece de información, aún no ha emprendido medidas de reparación
No solo fue el célebre «oro de Moscú» –la enajenación de las reservas de oro y divisas del Banco de España durante la Guerra Civil en favor de la Unión Soviética para sufragar el material bélico de Stalin–. También miles de cajas que contenían el patrimonio bancario y artístico cultural incautado por el Gobierno provisional del País Vasco –6.498.000.000 pesetas– [mientras la gente se moría de hambre] fueron evacuadas de Bilbao en barcos mercantes británicos con destino a Francia, Holanda y Gran Bretaña en 1937, antes de que la ciudad fuera tomada por las tropas franquistas el 19 de junio. Este patrimonio sería embargado por las autoridades de los tres países tras las denuncias internacionales interpuestas por entidades y particulares relacionados con las autoridades franquistas.
Se trata de unos hechos que ha recogido la Fundación Sabino Arana y que describe la tesis doctoral de Julen Lezamiz defendida en 2016 en el Departamento de Historia Contemporánea en la Universidad del País Vasco, acontecimientos también relatados por el historiador bilbaíno Carlos Olazábal. Y es que, aparte de la confiscación de las reservas metálicas del Banco de España, las autoridades republicanas procedieron de modo sistemático a la expropiación del dinero, divisas, valores y efectos de propiedad de personas afectas a la causa de los sublevados que existían en depósito y en paquetes lacrados en la banca privada.
En enero de este año, el especialista en Memoria Histórica Guillermo Rocafort solicitó a la Secretaría de Estado de Memoria Democrática –por medio del Portal de Transparencia– información relativa a este episodio, y reclamó que las «personas, empresas y herederos del expolio sean resarcidos por el Estado Español y por el PNV solidariamente», que «se lleve a cabo una auditoría completa de la expropiación, con inventario de bienes y derechos incautados», en «base al artículo 31 de la Ley de Memoria Democrática», y finalmente que la Secretaría de Estado de Memoria Democrática «incluya los trabajos» que detallan estos sucesos «en su página web». Al no haber tenido respuesta, Rocafort insistió el pasado julio, pidiendo además «copia de todo el expediente de la tramitación de mi solicitud». El Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática respondió el 25 de septiembre que no le constaba «la existencia de ninguna solicitud de acceso a la información pública de 15 de enero de 2023» y, «en consecuencia, tampoco existe ningún expediente de tramitación de una solicitud de acceso a la información pública de esa fecha».
La Secretaría de Memoria Democrática recordaba que la Ley de Memoria insta a promover «las iniciativas necesarias para la investigación de las incautaciones producidas por razones políticas, ideológicas, de conciencia o creencia religiosa durante la Guerra y la Dictadura y, en particular, realizará una auditoría de los bienes expoliados en dicho periodo, incluyendo las obras de arte, el papel moneda u otros signos fiduciarios depositados por las autoridades franquistas, así como la imposición de sanciones económicas en aplicación de la normativa de responsabilidades políticas. Esta auditoría incluirá un inventario de bienes y derechos incautados». Asimismo, que la norma «prevé» la «designación» de una comisión técnica que «elabore y presente un estudio que describa el conjunto de medidas y reparación de carácter económico dirigidas a las víctimas de la Guerra y la Dictadura».
En la respuesta consta que «ni la auditoria ni la creación de esa comisión técnica se han llevado a cabo por el momento», pese a que «desde la entrada en vigor de la Ley de Memoria Democrática, este centro directivo ha recibido múltiples peticiones». De momento «se ha venido procediendo al registro y acuse de recibo de dichas peticiones, sin que hasta la fecha se hayan producido ulteriores actuaciones ni se haya generado otra documentación, a la espera del inicio del proceso de auditoría que prevé la ley, así como a las posibles recomendaciones que pudiera realizar la mencionada comisión técnica».
Respecto a la petición de Rocafort y dado que «se requería una concreta auditoría que no se ha realizado, no existe ningún documento ni contenido susceptible de poder considerarse como “información pública”».
Finalmente, el director general de Memoria Democrática asegura que «se desconoce qué órgano pudiera tener la información» sobre el supuesto expolio vasco. «Cabe suponer que, debido a la antigüedad de la documentación estará en poder de archivos históricos». Las explicaciones no convencen al interesado, que denuncia la «inacción» del Gobierno.
El oro del PNV salió en tres barcos –«Joyce Llewelyn», «Thurston» y «Thorpehall»–. Al final de la contienda sería otro, el «Vita», el que pondría rumbo a México con valores y joyas incautados por la República y del que se hizo cargo Indalecio Prieto. Rocafort señalaba en este caso al PSOE en busca de reparación. La contestación del Ejecutivo fue similar: «No obra información al respecto».
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«Señor presidente del Gobierno, ¿qué fue del tesoro del ‘Vita’?»
Una asociación exige rendir cuentas al PSOE por la carga del barco republicano a través de la Ley de Transparencia
Aún hoy es una incógnita el destino que se dio al «tesoro» del «Vita», el yate que llegó a México en marzo de 1939 cargado con valores y joyas incautados por la República y del que se hizo cargo Indalecio Prieto, histórico dirigente socialista. En un intento de poner luz a este episodio en los estertores de la Guerra Civil, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica dirigió ayer un escrito «a la atención del secretario general del PSOE, Pedro Sánchez», en base a la Ley de Transparencia.
Su petición se basa en una vieja promesa del PSOE, en concreto de José Diosdado Prat, que luego sería senador socialista. En plena Transición, participó en un coloquio en la segunda cadena de TVE, dentro del programa «España Hoy», donde hizo la promesa de que se rendirían cuentas del «Vita» en «las primeras Cortes elegidas democráticamente en España», algo que «a fecha de hoy, el PSOE, gestor y beneficiario de ese expolio, todavía no ha efectuado», denuncian fuentes de la asociación que demanda la información.
De este compromiso tomó nota «La Vanguardia», que se hizo eco de las palabras de quien se presentaría sin éxito en las elecciones de 1977 dentro de una candidatura como presidente del Partido Socialista Obrero Español (Sector Histórico). José Prat aseguró en el espacio televisivo que el «dinero del tesoro del Vita fue puesto a disposición de la Junta de Ayuda Exterior de España y fue empleado en atender a miles y miles de españoles en el exilio, financiándose servicios asistenciales, gastos de transporte, colegio, etc.». Según Prat, que vivió 32 años en el exilio, «las cuentas se llevaron escrupulosamente».
Este ofrecimiento para clarificar lo ocurrido con el cargamento del «Vita» nunca se cumplió, y la intención de llevarlo «ante las próximas Cortes españolas» quedó en nada. Por este motivo, la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica, teniendo en cuenta que fue «gestionado y disfrutado por el PSOE y que todo partido político ha de estar sometido a la Ley de Transparencia y, en particular a su Capítulo II, según establece el artículo 3 de Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Buen Gobierno», solicita al PSOE «una rendición de cuentas» del «tesoro» del barco. Lo hizo ayer directamente, a través de una carta certificada, como estipula el procedimiento en este caso. Al cabo de un mes, si no hay respuesta, la asociación se dirigirá al Consejo de Transparencia.
El «Vita» fue adquirido durante la Guerra Civil por el naviero Marino de Gamboa, testaferro de Juan Negrín. Al mando del capitán José de Ordorica llegó al puerto francés de El Havre para ser puesto a disposición de las autoridades españolas. Allí fue cargado con más de un centenar de maletas que contenían objetos incautados por la Caja General de Reparaciones, un cargamento indeterminado de joyas, metales preciosos y otros objetos de valor –Negrín lo cuantificó en 40 millones de dólares–. Partió el 28 de febrero de 1939 llevando un grupo de carabineros dirigidos por el capitán Enrique Puente, responsable de la custodia del tesoro.
El barco arribó un mes más tarde al puerto de Veracruz (México) con órdenes de entregar su carga al doctor José Puche, delegado oficial de Negrín en el país azteca. Pero, a su llegada, no había rastro de Puche. Puente contactó entonces con Indalecio Prieto, embajador de la República en México, y éste con el presidente Lázaro Cárdenas, convenciéndole de asumir la responsabilidad por la carga. Así, el tesoro del «Vita» fue descargado en el puerto de Tampico y trasladado a Ciudad de México, bajo el control y la responsabilidad de la JARE (Junta de Auxilio a los Republicanos Españoles), creada por Prieto.
La Secretaría de Estado de Memoria Democrática ya fue preguntada por el cargamento de la embarcación. Su contestación fue que «no obra información al respecto» en su poder.
